martes, 21 de julio de 2015


EDUCACIÓN EN DECADENCIA

Si el Estado quiere hacer algo para contribuir a elevar el nivel de la educación superior en el Perú, el camino no es el que él parece pensar: intervenirla para cambiarla desde la burocracia. El camino es el contrario: empoderar al consumidor para que este tenga mejor información sobre lo que le ofrece cada universidad e instituto superior  y para que, por lo tanto, al escoger entre ellos con información más real, pueda hacer correspondientemente más intensa la competencia por atraerlo.

Educación superior, enseñanza superior, estudios superiores o educación terciaria, se refiere a la última etapa del proceso de aprendizaje académico. Se imparte en las universidades o academias superiores
En este sentido, hay dos cosas muy concretas que el Estado puede hacer. La primera, divulgar información acerca de los resultados de las universidades e institutos superiores para ayudar a corregir las asimetrías informativas que a la fecha existen en muchos aspectos del mercado de la educación superior. Y la segunda, dar la libertad que hoy les niega a los institutos superiores para realizar una serie de cambios que les permitan pulirse y adaptarse mejor a las necesidades de la demanda.

En el Perú el 46% de los egresados de las universidades está subempleado, es decir, trabajan en oficios de menor calificación, al mismo tiempo que el 50% de las empresas grandes del país declara tener dificultades para contratar mano de obra calificada. Esto significa que las universidades producen profesionales que las empresas no contratan, y que las empresas necesitan profesionales o técnicos que las universidades o institutos tecnológicos no producen, sea porque están preparando profesionales o técnicos en ramas que no tienen demanda, sea porque la calidad de la educación que se imparte en esas instituciones es muy deficiente y sus egresados carecen de las calificaciones necesarias.
El asunto se está convirtiendo en unos temas muy serios para nuestro crecimiento, que está demandando cada vez más trabajadores y profesionales especializados. Según las encuestas de Enaho, por ejemplo, entre los años 2004 y 2012 la demanda por trabajadores calificados con educación superior se incrementó en 40%, mientras la demanda por trabajadores sin educación superior solo aumentó 13%.
Es clara, pues, la necesidad de mejorar perentoriamente la calidad de nuestra educación superior universitaria y técnica y de reorientar su oferta de carreras a la demanda del mercado.  Un método práctico para avanzar hacia estos objetivos: informar a los jóvenes y a sus padres acerca de qué porcentaje de los egresados de cada facultad de cada universidad e instituto tecnológico está trabajando en aquello para lo que estudió.

Luego está el tema de la falta de libertad de los institutos superiores para tomar decisiones que les permitan mejorar la calidad y adaptarse más rápidamente a la demanda. Este problema exige modificar la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior a fin de eliminar el controlismo del que son objeto por parte del Ministerio de Educación. En la actualidad cualquier decisión relativa a la creación de programas o carreras y hasta a cambios en la malla curricular debe ser aprobada por el ministerio. El resultado es que la aprobación de una nueva carrera puede demorar dos años, por citar un ejemplo. O que los institutos no pueden, por nombrar otro, tener varias sedes en el interior del país, algo absurdo.
También habría que acabar, desde luego, con las trabas irracionales que el Ministerio de Trabajo pone a estos institutos al hacerles casi imposible firmar convenios con las empresas para que los estudiantes puedan practicar en ellas mientras estudian lo que posibilitaría a los institutos ofrecer una serie de nuevas carreras técnicas.
En suma, la mejora requerida cada vez más urgentemente por nuestra educación superior pasa por liberar. Por liberar a los padres de familia y alumnos de la desinformación sobre el mercado de universidades e institutos superiores que hoy los hace escoger a oscuras entre ellos. Y por liberar a los institutos superiores de las controlistas regulaciones que les impiden adaptarse a las necesidades de un mercado al que, para llegar a tener éxito en el largo plazo, tienen que poder satisfacer.

Estas figuras podrían ser alentadoras pues así como la cobertura de la educación básica ha mostrado importantes logros, podríamos decir que la expansión de la cobertura en la educación superior es un resultado deseable. Sin embargo, la evidencia de algunos estudios muestra que habría un importante subempleo por calificación particularmente presente entre las personas con educación superior. Por otro lado, otros trabajos han mostrado que los retornos económicos de invertir en educación superior no solamente son bajos sino que pueden ser hasta negativos. Todo esto configura una educación superior cuya calidad en conjunto puede estar siendo puesta en tela de juicio. Una rápida mirada del marco institucional sugiere una gran debilidad para la regulación de la oferta de este nivel educativo.


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