EDUCACIÓN EN DECADENCIA
Si el Estado quiere hacer algo para
contribuir a elevar el nivel de la educación superior en el Perú, el camino no
es el que él parece pensar: intervenirla para cambiarla desde la burocracia. El
camino es el contrario: empoderar al consumidor para que este tenga mejor
información sobre lo que le ofrece cada universidad e instituto superior y para que, por lo tanto, al escoger entre
ellos con información más real, pueda hacer correspondientemente más intensa la
competencia por atraerlo.
Educación
superior, enseñanza superior, estudios superiores o educación terciaria, se
refiere a la última etapa del proceso de aprendizaje académico.
Se imparte en las universidades o
academias superiores
En este sentido, hay dos cosas muy concretas
que el Estado puede hacer. La primera, divulgar información acerca de los
resultados de las universidades e institutos superiores para ayudar a corregir
las asimetrías informativas que a la fecha existen en muchos aspectos del
mercado de la educación superior. Y la segunda, dar la libertad que hoy les
niega a los institutos superiores para realizar una serie de cambios que les
permitan pulirse y adaptarse mejor a las necesidades de la demanda.
En el Perú el 46% de los egresados de las
universidades está subempleado, es decir, trabajan en oficios de menor
calificación, al mismo tiempo que el 50% de las empresas grandes del país
declara tener dificultades para contratar mano de obra calificada. Esto
significa que las universidades producen profesionales que las empresas no
contratan, y que las empresas necesitan profesionales o técnicos que las
universidades o institutos tecnológicos no producen, sea porque están
preparando profesionales o técnicos en ramas que no tienen demanda, sea porque
la calidad de la educación que se imparte en esas instituciones es muy
deficiente y sus egresados carecen de las calificaciones necesarias.
El asunto se está convirtiendo en unos temas
muy serios para nuestro crecimiento, que está demandando cada vez más
trabajadores y profesionales especializados. Según las encuestas de Enaho, por
ejemplo, entre los años 2004 y 2012 la demanda por trabajadores calificados con
educación superior se incrementó en 40%, mientras la demanda por trabajadores
sin educación superior solo aumentó 13%.
Es clara, pues, la necesidad de mejorar
perentoriamente la calidad de nuestra educación superior universitaria y
técnica y de reorientar su oferta de carreras a la demanda del mercado. Un método práctico para avanzar hacia estos
objetivos: informar a los jóvenes y a sus padres acerca de qué porcentaje de
los egresados de cada facultad de cada universidad e instituto tecnológico está
trabajando en aquello para lo que estudió.
Luego está el tema de la falta de libertad de
los institutos superiores para tomar decisiones que les permitan mejorar la
calidad y adaptarse más rápidamente a la demanda. Este problema exige modificar
la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior a fin de eliminar el
controlismo del que son objeto por parte del Ministerio de Educación. En la
actualidad cualquier decisión relativa a la creación de programas o carreras y
hasta a cambios en la malla curricular debe ser aprobada por el ministerio. El
resultado es que la aprobación de una nueva carrera puede demorar dos años, por
citar un ejemplo. O que los institutos no pueden, por nombrar otro, tener
varias sedes en el interior del país, algo absurdo.
También habría que acabar, desde luego, con
las trabas irracionales que el Ministerio de Trabajo pone a estos institutos al
hacerles casi imposible firmar convenios con las empresas para que los
estudiantes puedan practicar en ellas mientras estudian lo que posibilitaría a
los institutos ofrecer una serie de nuevas carreras técnicas.
En suma, la mejora requerida cada vez más urgentemente
por nuestra educación superior pasa por liberar. Por liberar a los padres de
familia y alumnos de la desinformación sobre el mercado de universidades e
institutos superiores que hoy los hace escoger a oscuras entre ellos. Y por
liberar a los institutos superiores de las controlistas regulaciones que les
impiden adaptarse a las necesidades de un mercado al que, para llegar a tener
éxito en el largo plazo, tienen que poder satisfacer.
Estas figuras
podrían ser alentadoras pues así como la cobertura de la educación básica ha
mostrado importantes logros, podríamos decir que la expansión de la cobertura en
la educación superior es un resultado deseable. Sin embargo, la evidencia de
algunos estudios muestra que habría un importante subempleo por calificación
particularmente presente entre las personas con educación superior. Por otro
lado, otros trabajos han mostrado que los retornos económicos de invertir en
educación superior no solamente son bajos sino que pueden ser hasta negativos. Todo
esto configura una educación superior cuya calidad en conjunto puede estar
siendo puesta en tela de juicio. Una rápida mirada del marco institucional
sugiere una gran debilidad para la regulación de la oferta de este nivel
educativo.
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